Rubén Portillo tenía 26 años y falleció el 6 de enero de 2011 luego de sufrir síntomas de intoxicación como diarrea, vómitos, fiebre y dificultad para respirar. Trabajaba en los sembradíos en la Colonia Yerutí de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, en el vecino país de Paraguay.
Otras 21 personas, todos vecinos del occiso incluída su familia, compuesta por su esposa y un niño debieron ser internados con el mismo cuadro de intoxicación. En la Colonia viven unas 400 personas, la mitad de ellas niños y niñas, rodeados de sojales. Condenados a las constantes fumigaciones donde ningún fruto o huerta o animal doméstico se salva de los agroquímicos.
La hermana de Rubén, Zulma Portillo, viajó desde España donde trabaja como empleada doméstica, al enterarse de la muerte de su hermano. Ya en su país presentó la denuncia en la Fiscalía Penal de Curuguaty por homicidio. El 14 de enero, otra hermana de Rubén, Norma, y dos pobladores más, acompañados por el grupo de Derechos Humanos “FIAN Internacional” presentaron un recurso de amparo contra el Estado paraguayo por incumplimiento de Funcionario Público y omisión de velar por la vida de las personas.
Contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra el Instituto encargado de la Distribución de la Tierra (INDERT), el organismo encargado de Fiscalizar el uso de Agrotóxicos (SENAVE) y la Secretaría del Ambiente (SEAM).
La primera institución, el MAG, pidió al juez rechazar el amparo; el INDERT no contestó, en momentos en que su director regional de Curuguaty era buscado por la justicia, tras imputaciones por estafa. El SENAVE pidió al juez que rechace el amparo y se limitó a informar que quitó muestras de cultivos y agua de la escena, concluyendo en su informe, antes de cualquier análisis, que “A simple vista no se observan daños ocasionados por deriva de plaguicidas”. La SEAM se puso a disposición de la justicia e informó que intervino en las explotaciones Cóndor y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol, por no tener licencia ambiental, por haber secado los humedales y por utilizar irregularmente el arroyo local para sus regadíos. Sin embargo, la familia Portillo y sus vecinos denunciaron que la empresa Hermanos Galhera siguió fumigando después de la medida de SEAM.
El 14 de febrero fue presentada una denuncia por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia, y finalmente el 18 de febrero el expediente llegó a la sede del Juzgado de Curuguaty, en la sala del juez penal Dr José Benítez. Hasta hoy el amparo presentado no fue resuelto por la Justicia Paraguaya.
De las muestras de agua tomadas en las viviendas de la comunidad y en el pozo de la casa del fallecido, el SENAVE tenía un informe de laboratorio desde el 21 de enero, se encontraron tres sustancias químicas: aldrín, endosulfán y líndano. Las dos primeras en el límite para no dañar la salud humana y la tercera el doble de lo necesario para dañarla. Inexplicablemente, tres semanas después, aún la institución no hacía públicos los resultados y la familia de Rubén seguía bebiendo del pozo contaminado. Fué a través de una fuente de confianza del órgano estatal, que se filtraron los resultados hasta la abogada de FIAN y ésta advirtió a la familia Portillo que no siga bebiendo del pozo.
El 10 de febrero, el SENAVE suspendió la actividad de seis sojales que rodean a las familias, por violar la ley y no contar con las barreras vivas de protección entre sus sojales y la comunidad.
El 13 de marzo, SENAVE hace público su informe de resultados de las aguas. Este informe es “desvirtuado” de forma manifiesta por el Diario ABC Color, que en su edición del día siguiente saca en tapa el titular “Soja no fue la que intoxicó a indígenas”. En la página 30, tituló “Detectan veneno matapiojos en el agua bebida por colonos de Yerutí” y como título complementario “Estudios desacreditan acusación de CONAMURI contra sojeros de Canindeyú”.
Esta información no se ajustaba a la realidad ni a los resultados del SENAVE y tenía como único objetivo desvincular los cultivos de soja a lo sucedido en Yerutí. Con el informe parcial del SENAVE, el diario asumió la atribución de dar por concluídas las investigaciones en torno a la muerte de una persona y las intoxicaciones de al menos 20 más, amparándose en una fuente anónima.
La indignación no se hizo esperar: “¿Cuántos litros de matapiojos es lo que tuvimos que haber echado supuestamente al pozo para que aparezca en esa cantidad?”, expresó la hermana del fallecido. El mismo día, la abogada de la familia Portillo y de FIAN Internacional, Dra Milena Pereira, escribió una carta al director de ABC Color, exigiendo una réplica sobre la información. El diario no respondió ni la publicó.
El 15 de marzo, el SENAVE publica una comunicación institucional donde desmiente lo publicado en ABC Color, manifestando que “Es preciso apegarnos a los resultados objetivos e inobjetables que nos permitan llegar a la verdad, para superar la dolorosa experiencia y construir una comunidad que acceda plenamente a su derecho constitucional de vivir en un ambiente saludable”.
Citaba las faltas: disposición irregular de envases de agroquímicos dispersos por todas partes; ausencia de barreras de protección en los caminos y que separen a la población de los cultivos; ausencia de asesores técnicos, planillas de aplicación de plaguicidas y de licencia ambiental; ausencia de bosques protectores; humedales en proceso de secado, y por último, el lavado de tanques de aplicación de agroquímicos, en el arroyo.
Una postal análoga a las de nuestro Auschwitz argentino. Un correlato del monopolio de los medios locales que desinforman, difaman, ocultan y censuran todo lo relacionado a fumigaciones indiscriminadas y los cientos de casos denunciados ante un Estado, sordo ciego y mudo. Que esconde la cabeza ante una evidencia que ya no se puede amontonar bajo la alfombra. Salvo que pretendan esconderla en las próximas urnas para luego quemarlas en algún relleno sanitario irregular cercano a Rosario, o en el Ceamse, o en algún incinerador obsoleto de Puerto San Martín o hundirlas con peso en las aguas cloacales que beben muchos pueblos, esos que todavía un gobernante caricaturesco trata de “desmitificar” desde que asumió. Y lo único que logra es el rechazo popular a su constante "deificar el yuyito".
Lamentablemente el soy power supera lo pútrido infectando la ética desvalorizada y toda dignidad humana. www.ecoportal.net
Ecos de Romang
http://ecos-deromang.blogspot.com/
Ver video del caso Rubén Portillo:
http://www.youtube.com/watch?v=8BTJAeArPCY&feature=mfu_in_order&list=UL
Otras 21 personas, todos vecinos del occiso incluída su familia, compuesta por su esposa y un niño debieron ser internados con el mismo cuadro de intoxicación. En la Colonia viven unas 400 personas, la mitad de ellas niños y niñas, rodeados de sojales. Condenados a las constantes fumigaciones donde ningún fruto o huerta o animal doméstico se salva de los agroquímicos.
La hermana de Rubén, Zulma Portillo, viajó desde España donde trabaja como empleada doméstica, al enterarse de la muerte de su hermano. Ya en su país presentó la denuncia en la Fiscalía Penal de Curuguaty por homicidio. El 14 de enero, otra hermana de Rubén, Norma, y dos pobladores más, acompañados por el grupo de Derechos Humanos “FIAN Internacional” presentaron un recurso de amparo contra el Estado paraguayo por incumplimiento de Funcionario Público y omisión de velar por la vida de las personas.
Contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), contra el Instituto encargado de la Distribución de la Tierra (INDERT), el organismo encargado de Fiscalizar el uso de Agrotóxicos (SENAVE) y la Secretaría del Ambiente (SEAM).
La primera institución, el MAG, pidió al juez rechazar el amparo; el INDERT no contestó, en momentos en que su director regional de Curuguaty era buscado por la justicia, tras imputaciones por estafa. El SENAVE pidió al juez que rechace el amparo y se limitó a informar que quitó muestras de cultivos y agua de la escena, concluyendo en su informe, antes de cualquier análisis, que “A simple vista no se observan daños ocasionados por deriva de plaguicidas”. La SEAM se puso a disposición de la justicia e informó que intervino en las explotaciones Cóndor y Hermanos Galhera Agrovalle del Sol, por no tener licencia ambiental, por haber secado los humedales y por utilizar irregularmente el arroyo local para sus regadíos. Sin embargo, la familia Portillo y sus vecinos denunciaron que la empresa Hermanos Galhera siguió fumigando después de la medida de SEAM.
El 14 de febrero fue presentada una denuncia por retardo de justicia ante la Corte Suprema de Justicia, y finalmente el 18 de febrero el expediente llegó a la sede del Juzgado de Curuguaty, en la sala del juez penal Dr José Benítez. Hasta hoy el amparo presentado no fue resuelto por la Justicia Paraguaya.
De las muestras de agua tomadas en las viviendas de la comunidad y en el pozo de la casa del fallecido, el SENAVE tenía un informe de laboratorio desde el 21 de enero, se encontraron tres sustancias químicas: aldrín, endosulfán y líndano. Las dos primeras en el límite para no dañar la salud humana y la tercera el doble de lo necesario para dañarla. Inexplicablemente, tres semanas después, aún la institución no hacía públicos los resultados y la familia de Rubén seguía bebiendo del pozo contaminado. Fué a través de una fuente de confianza del órgano estatal, que se filtraron los resultados hasta la abogada de FIAN y ésta advirtió a la familia Portillo que no siga bebiendo del pozo.
El 10 de febrero, el SENAVE suspendió la actividad de seis sojales que rodean a las familias, por violar la ley y no contar con las barreras vivas de protección entre sus sojales y la comunidad.
El 13 de marzo, SENAVE hace público su informe de resultados de las aguas. Este informe es “desvirtuado” de forma manifiesta por el Diario ABC Color, que en su edición del día siguiente saca en tapa el titular “Soja no fue la que intoxicó a indígenas”. En la página 30, tituló “Detectan veneno matapiojos en el agua bebida por colonos de Yerutí” y como título complementario “Estudios desacreditan acusación de CONAMURI contra sojeros de Canindeyú”.
Esta información no se ajustaba a la realidad ni a los resultados del SENAVE y tenía como único objetivo desvincular los cultivos de soja a lo sucedido en Yerutí. Con el informe parcial del SENAVE, el diario asumió la atribución de dar por concluídas las investigaciones en torno a la muerte de una persona y las intoxicaciones de al menos 20 más, amparándose en una fuente anónima.
La indignación no se hizo esperar: “¿Cuántos litros de matapiojos es lo que tuvimos que haber echado supuestamente al pozo para que aparezca en esa cantidad?”, expresó la hermana del fallecido. El mismo día, la abogada de la familia Portillo y de FIAN Internacional, Dra Milena Pereira, escribió una carta al director de ABC Color, exigiendo una réplica sobre la información. El diario no respondió ni la publicó.
El 15 de marzo, el SENAVE publica una comunicación institucional donde desmiente lo publicado en ABC Color, manifestando que “Es preciso apegarnos a los resultados objetivos e inobjetables que nos permitan llegar a la verdad, para superar la dolorosa experiencia y construir una comunidad que acceda plenamente a su derecho constitucional de vivir en un ambiente saludable”.
Citaba las faltas: disposición irregular de envases de agroquímicos dispersos por todas partes; ausencia de barreras de protección en los caminos y que separen a la población de los cultivos; ausencia de asesores técnicos, planillas de aplicación de plaguicidas y de licencia ambiental; ausencia de bosques protectores; humedales en proceso de secado, y por último, el lavado de tanques de aplicación de agroquímicos, en el arroyo.
Una postal análoga a las de nuestro Auschwitz argentino. Un correlato del monopolio de los medios locales que desinforman, difaman, ocultan y censuran todo lo relacionado a fumigaciones indiscriminadas y los cientos de casos denunciados ante un Estado, sordo ciego y mudo. Que esconde la cabeza ante una evidencia que ya no se puede amontonar bajo la alfombra. Salvo que pretendan esconderla en las próximas urnas para luego quemarlas en algún relleno sanitario irregular cercano a Rosario, o en el Ceamse, o en algún incinerador obsoleto de Puerto San Martín o hundirlas con peso en las aguas cloacales que beben muchos pueblos, esos que todavía un gobernante caricaturesco trata de “desmitificar” desde que asumió. Y lo único que logra es el rechazo popular a su constante "deificar el yuyito".
Lamentablemente el soy power supera lo pútrido infectando la ética desvalorizada y toda dignidad humana. www.ecoportal.net
Ecos de Romang
http://ecos-deromang.blogspot.com/
Ver video del caso Rubén Portillo:
http://www.youtube.com/watch?v=8BTJAeArPCY&feature=mfu_in_order&list=UL
