La Economía Ecológica

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Una Economía para el Futuro: La Economía Ecológica
Por William Austen Bradbury

El nuevo milenio trajo nuevos desafíos, y es hoy en día, en esta época de crisis de la humanidad con alta incertidumbre y cuando todo está en juego, la Economía Ecológica surge como resultado de la evolución de la ciencia con el objeto de unir las diferentes disciplinas científicas y dar otra percepción del valor que no habla sólo de dinero, sino de la calidad de vida, del conocimiento, de las habilidades y de la naturaleza.

La humanidad ha llegado a un momento, el primero en su historia, cuando su supervivencia colectiva y el destino de las futuras generaciones se encuentran en alto riesgo, gracias a la gran dependencia que ha creado sobre los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, y el deterioro y agotamiento de los mismos.
La ciencia evoluciona según los principales desafíos que se enfrentan, y en esta época histórica de la humanidad, requiere de un gran cambio para abordar la crisis ecológica que nos amenaza. Una crisis fuera de todas proporciones; una crisis multidisciplinaria que, por lo tanto, necesita una solución multidisciplinaria a través del análisis desde una ciencia fuera de lo normal – una ciencia posnormal.
La Economía Ecológica, que se define como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, es una ciencia posnormal que se ha desarrollado a través de un largo proceso de reflexión, análisis y crítica por una serie de economistas e intelectuales, tales como: Nicholas Georgescu-Roegen, Howard Odum, Manfred Max-Neef, Herman Daly, Joan Martínez Alier, José Manuel Naredo, René Passet y Federico Aguilera Klink.
Analiza la economía teniendo en cuenta diferentes perspectivas y considerándola como un subsistema abierto dentro de muchos otros subsistemas (también abiertos) que se interrelacionan y son parte de un sistema más grande: el sistema de la Tierra. La economía depende de la naturaleza – no se puede separar una de la otra. La economía necesita energía y recursos naturales para funcionar, y por lo tanto es un sub-sistema dentro del entorno ambiental.

Mientras que la ciencia normal tiende a estudiar un sistema como si fuera aislado, en realidad ningún sistema es cerrado y por lo tanto aislarlo significa poner límites artificiales al análisis. Para ampliar el análisis, es necesario contar con conocimiento especializado de distintas disciplinas – no sólo ciencias económicas, sino también sociales y medioambientales. Sin embargo, no se trata de hacer análisis individuales de las diferentes disciplinas y luego sumar los resultados – los sistemas no funcionan así; tienen sinergia y por lo tanto hay que estudiar las relaciones entre los elementos y sus respectivas consecuencias. El estudio no se puede hacer sólo en términos financieros. La Economía Ecológica entiende que el dinero no tiene por qué ser el lenguaje común y que las actividades humanas también tienen dimensiones de afección, religión y estética que le dan al ser humano una razón de ser. La percepción del valor no es sólo monetario.
La Economía Ecológica trata de manejar el riesgo y la incertidumbre a través del diálogo entre una comunidad extensa de actores. Valora las opiniones de personas afectadas que a lo mejor no son expertos científicos, pero también tienen derechos y pueden opinar sobre las incertidumbres. La Economía Ecológica respeta el principio de la precaución teniendo en cuenta que hay daños medioambientales que son irreversibles (o que son acumulativos hasta llegar a un punto donde el daño total es irreversible) y esto perjudica a las generaciones futuras. Se trata de perspectivas éticas que no son consideradas en la ciencia normal (la cual pretende ser neutral al respecto).
Para proponer soluciones a los problemas globales que confronta la humanidad, el enfoque que se toma por defecto tiene que ser multidisciplinario. La Economía Ecológica, no como la economía convencional, sí tiene este enfoque y por lo tanto es capaz de abordar el tema de la sustentabilidad – es decir, cómo puede el ser humano solucionar los problemas globales a largo plazo (o indefinidamente). Mientras que las ciencias económicas normales suponen que los recursos naturales son inagotables (o que la tecnología siempre encontrará una solución al problema del escasez de los mismos), la Economía Ecológica reconoce que hay límites ecológicos al crecimiento económico.
Parte de los Principios de la Termodinámica los cuales constatan que la energía no puede ser creada ni destruida, pero a través de cualquier proceso se aumenta la cantidad de entropía (energía dispersa de la cual el ser humano no puede aprovechar). El cierre de cualquier sistema es imposible (es imposible reciclar 100% de la energía) entonces todos los sistemas son abiertos, incluso la Tierra (que depende de la radiación del Sol para sostener la vida). De ahí, en vez de estudiar los flujos de dinero, la Economía Ecológica parte de los flujos de energía en los sistemas.
Este enfoque, de analizar los flujos de energía reconociendo los límites biológicos, físicos y químicos en la biosfera, es imprescindible para poder proponer soluciones a la problemática de la sustentabilidad del desarrollo (no del crecimiento), y muchas veces es ignorado por la ciencia convencional y por lo tanto en la toma de decisiones políticas. La solución trata de optimizar la energía implementando los avances tecnológicos, para el máximo beneficio de la humanidad.
La Economía Ecológica por lo tanto es una ciencia socio-política – trata de proponer soluciones mediante procesos de negociación y mediación de forma democrática. (La Economía Ecológica engloba la parte social de la sustentabilidad, que implica equidad en la toma de decisiones.) Para tener un diálogo racional, es necesario la participación de diversas comunidades científicas – no hay ninguna que pese más que las otras – junto con otras personas implicadas que no tengan necesariamente alto conocimiento científico (en el caso del cambio climático, damnificados de las repercusiones medioambientales).
Aunque las raíces de la Economía Ecológica se remontan a mitades del siglo XIX con la enunciación de las primeras dos leyes de la termodinámica, los primeros textos importantes para la ciencia no se publicaron hasta los años 70 del siguiente siglo. Fue hasta 1989 que se fundó la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y durante la década de los años 90 se avanzó significativamente con la consolidación de la disciplina en términos de sistematización y síntesis. El nuevo milenio trajo nuevos desafíos, y es hoy en día, en esta época de crisis de la humanidad con alta incertidumbre y cuando todo está en juego, la Economía Ecológica surge como resultado de la evolución de la ciencia con el objeto de unir las diferentes disciplinas científicas y dar otra percepción del valor que no habla solo de dinero, sino de la calidad de vida, del conocimiento, de las habilidades y de la naturaleza. www.ecoportal.net
William Austen Bradbury - EcoBASE - Educación con Base en la Agricultura Sustentable y Ecológica
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Foro Social Américas

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Con colorida marcha arranca Foro Social Américas
15-08-10

El IV Foro Social Américas (FSA), instalado en el corazón del continente, arrancó con una marcha por las principales calles de Asunción desde el Consejo Nacional de Deportes hacia el edificio del Cabildo, ubicado en el centro de la ciudad. Alrededor de 10 kilómetros caminaron las delegaciones de 600 organizaciones sociales, que provienen de diversos países de América Latina.
La marcha fue encabezada por campesinas e indígenas de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” de Bolivia, la premio Nóbel Rigoberta Menchú de Guatemala, y Magui Balbuena de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay.
Alrededor de 4 mil personas participaron en la colorida manifestación en la que las distintas organizaciones desplegaron sus banderas, acompañados por jóvenes voluntarios/as de Paraguay que hicieron la “guardia” durante todo el trayecto. Durante todo el recorrido se escucharon consignas a favor de la integración y la liberación del continente, poniendo especial énfasis en el rechazo a las bases militares estadounidenses en el continente y a la criminalización de las luchas de los pueblos. Varios ciudadanos/as aplaudían desde las ventanas de sus casas a los manifestantes que recorrían las calles al son de la “batucada” y la música de grupos musicales bolivianos.
La dirigente de Conamuri, Magui Balbuena, fue la encargada de dar la bienvenida a todos y a todas en la plaza del Cabildo, señalando que el FSA es “un momento histórico para el pueblo de Paraguay, que posibilita encontrarnos y compartir nuestras luchas para crear un gran frente de batalla contra el imperialismo, desde esta diversidad avanzaremos en la construcción de otro mundo posible.”
El acto que tuvo como característica la locución de los idiomas que son parte del país, el guaraní y el español, presentó al coro Tava Guaraní-San Pedro, integrado por jóvenes de ese departamento. Luego, el representante del Consejo Hemisférico del FSA, el venezolano Edgardo Lander, se dirigió al público señalando que este Foro se produce en un escenario político que ha sufrido cambios en toda la región, manifestando que “el continente debe estar más unido hoy, y debe reforzar la construcción de alternativas que se han levantado, apoyando a los modelos de sociedades que tienen una apuesta distinta al neoliberalismo”.
Así se inició la IV edición del Foro Social Américas en el que 6.000 participantes desarrollaràn sus debates hasta el 15 de agosto. www.ecoportal.net
Sandra Trafilaf

Desarrollos Sustentables

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El Mocase, un hito en la defensa de la tierra
   
Por Darío Aranda

En la historia de Santiago del Estero está presente el saqueo de recursos naturales y la explotación de trabajadores rurales. Durante la primera mitad del siglo XX fue La Forestal, compañía inglesa que arrasó con los quebrachales y mantuvo condiciones laborales de semiesclavitud. Sobrevinieron las estancias con trabajo a destajo, el juarismo (régimen de gobierno que se mantuvo casi medio siglo) y el avance de los empresarios sojeros. Las familias campesinas pagaron con represión, pobreza y desalojos violentos. “Dijimos basta y nos organizamos. Ya no tenemos miedo, nadie nos pasa por arriba, nadie nos corre ni nos hace callar, ya no nos desalojan”, habla fuerte doña Mirta Quiroga, cincuenta años, orgullosa de ser parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina), que reúne a 9 mil familias rurales, la base de la pirámide rural. Hoy se cumplen veinte años de la conformación del Mocase, organización que marcó un antes y después en la lucha por la tierra en la Argentina.

Con esporádicos antecedentes de desalojos en la década del ’60 y del ’70, a mediados de los ’80 sobrevino una sistemática oleada de despojos de tierras a familias rurales. La resistencia comenzó con apoyo de ONG, personas vinculadas con la Iglesia Católica y comunidades de base, que gestaron un proceso organizativo en distintas regiones de la provincia. A finales de la década comenzó a tomar fuerza la idea de una organización a nivel provincial. El 4 de agosto de 1990, en la localidad de Quimilí, se oficializó la conformación del Mocase. Zenón “Chuca” Ledesma, de la localidad de Los Juríes, fue elegido primer presidente.
Los hombres y mujeres del Mocase explican que las raíces de la organización hay que buscarlas en el rechazo a ser peón rural, generalmente maltratado, siempre mal pago; intentar vivir de lo que produce con sus manos, la memoria del sometimiento de los hacheros, la formación anarquista de los ferroviarios de principios del siglo pasado, los pueblos originarios y sus luchas. “La dignidad, sentimiento de libertad, de la necesidad de vincularse con otros y de que no puede ser que unos nos dominen a otros. Había un rastro latente que los dominadores no habían asesinado del todo. De ahí se explica el esquema de poder del Mocase, que no acepta una estructura piramidal”, precisa Angel Strapazzón, integrante del Mocase-VC.
La defensa de la tierra fue el eje central del Mocase. A los continuos intentos de desalojos las comunidades respondían con organización, resistencia e incluso retomas de campos. El 12 de octubre de 1998, cuando comenzaba a crecer el monocultivo de soja más allá de la pampa húmeda, tractores y topadoras avanzaron sobre parcelas campesinas en el paraje La Simona, derribaron árboles y estuvieron cerca de atropellar a las familias. Otras familias de la organización se movilizaron hasta el lugar y montaron una carpa negra que sirvió de espacio de reunión y visibilización del conflicto. El caso tuvo repercusión nacional, el Mocase comenzó a ganar notoriedad y fue un hito en su historia, una prueba de que juntos podían conservar sus tierras y forma de vida ancestral.
La creación del Mocase fue un quiebre en la situación rural santiagueña. Con un crecimiento progresivo, 9 mil familias organizadas comenzaron a frenar topadoras, enfrentar guardias privados y se transformaron en un actor social que enfrentó a los empresarios, al poder judicial y político. Fue un fuerte opositor al gobernador Carlos Juárez, que contó con un fuerte aparato de espionaje y represión. El Mocase lo pagó con represión, cárcel, torturas y muertes.
El monocultivo crecía en el país. Las tierras santiagueñas, hasta entonces despreciadas por empresarios rurales, comenzaron a ser codiciadas. El Mocase también se transformó en el actor que cuestionó ese avance. Advirtió que el modelo de agronegocios traería desempleo, consecuencias sociales y ambientales.
En noviembre de 1999 se realizó el primer congreso provincial del Movimiento. Entre otros temas, se discutió el funcionamiento y la forma de toma de decisiones. Se produjo una brecha que sería insalvable. Un sector –ligado al Programa Social Agropecuario (PSA) y en búsqueda de acuerdos con el Estado– pretendía una forma vertical, con una comisión directiva, presidente y secretario. El otro sector, con centrales fuertes como la de Quimilí, apostaba a horizontalizar la organización, con trabajo por comisiones y decisiones asamblearias. Comenzaba el proceso de división que se explicitaría en noviembre de 2001 cuando el Mocase debía renovar autoridades.
En ese momento, un sector reunido en la sede del PSA eligió presidente, secretario y una estructura vertical. Permaneció en alianza con el PSA y formó parte de la Federación Agraria, que por ese entonces utilizaba un discurso progresista y prometía defender a los campesinos.
El otro sector optó por la horizontalidad y tiempo después se incorporó a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina, una organización internacional que nuclea a campesinos, trabajadores rurales e indígenas de 56 países. Pasó a denominarse Mocase-Vía Campesina, conformado por seis centrales y 9000 familias. Y fortaleció cuatro ejes de su trabajo: comunicación (montó una novedosa red de radios comunitarias), producción (carpinterías, carnicerías, quesos, miel, hiladoras) y –quizá los que marcaron las diferencias con otras organizaciones– educación y articulación campesina a nivel nacional e internacional.

Argentina contaba en 1997 con seis millones de hectáreas de soja. En la actualidad abarca 19 millones de hectáreas. Santiago del Estero fue de las primeras provincias en conocer el término técnico “avance de la frontera agropecuaria”, que en idioma del monte significó llegada de la soja, deforestación y conflictos por la tierra. El Mocase-VC pone un piso a la superficie provincial en disputa: tres millones de hectáreas.
Leticia Luna es una mujer morocha, de hablar firme y trato maternal. “Mocase es la conciencia de estar juntos, de hacer respetar nuestros derechos desde la práctica misma, que es la única forma de que la ley sirva y que el ricachón no se lleve por delante al pobre”, resume.
En 2008, en pleno conflicto por la Resolución 125, las entidades rurales tradicionales nucleadas en la Mesa de Enlace se apropiaron del término “campo” y confrontaban con el Gobierno. El Mocase fue una voz buscada, alejada de ambas partes. “Argentina ya no produce alimentos, nuestro país no come soja, la demanda proviene de Europa y China, donde es utilizada para alimentación de animales”, aclaró en una carta pública donde remarcaba la ausencia de un debate profundo, que tenga presente a las 220 mil familias campesinas y el 1,5 millón de indígenas.
Interpeló por igual a la Mesa de Enlace y al Gobierno. Los responsabilizó por las 300 mil familias expulsadas del campo en la última década, de la mano del modelo agrario vigente. Puntualizó la desaparición de un millón de hectáreas y denunció la concentración de tierras, donde el diez por ciento de las explotaciones agropecuarias más grandes concentran el 78 por ciento de la superficie cultivable. “Es una reforma agraria al revés. Cada vez menos se quedan con más”, disparó con sencillez campesina y precisión quirúrgica.
“Las llamadas ‘entidades del campo’ sólo pronuncian los dictados de los agronegocios. Su símbolo actual es la soja transgénica, que devastó bosques, desalojó comunidades, contaminó suelos y aguas, y aumentó los precios de los alimentos en el mercado interno. El avance del modelo sojero, iniciado durante el menemismo y acentuado en esta década, significa un desierto verde y contaminado, sin agricultores y ciudades saturadas de familias expulsadas de las zonas rurales”, concluyó el Mocase, e insistió con su propuesta de reforma agraria integral y soberanía alimentaria, que implica un cambio del modelo agrario actual.
El Mocase plantó bandera en un debate nacional donde no se había escuchado a los hombres y las mujeres de manos curtidas y espaldas dobladas por trabajar la tierra, campesinos que hace veinte años comenzaron a cambiar la historia del campo santiagueño.
Un movimiento nacional
Con una mirada crítica del modelo agrario actual y formas de construcción participativas, el Mocase está conformado por la base de la pirámide agraria, familias que producen para la subsistencia, trabajadores rurales sin tierra y comunidades indígenas. El Mocase es una referencia para decenas de organizaciones que nacieron en los últimos años y también uno de los pilares en la conformación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), la experiencia más novedosa y masiva de organización rural del país, 15.000 familias de ocho provincias que apuestan a la autonomía y la horizontalidad.
“Reforma agraria integral, producción diversificada de alimentos sanos, con una forma de comercialización justa, y soberanía alimentaria, que es la posibilidad de que el país tenga su propio proyecto alimentario. No es teoría, es una práctica concreta que se realiza todos los días. Creemos que sólo las comunidades organizadas, decidiendo colectivamente, podrán elegir su propio destino”, explican como principios del Movimiento, integrante de la Vía Campesina internacional.
En un hecho inédito, en noviembre de 2009 el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, visitó la central del Mocase en Quimilí. Allí conoció al Mocase y al MNCI. Escuchó a hombres y mujeres que luchan contra los agronegocios y recibió un completo programa para el fortalecimiento y desarrollo del campesinado, propuestas concretas nacidas en talleres y asambleas campesinas, iniciativas para aumentar la producción rural, impulsar la soberanía alimentaria, frenar los desalojos y fortalecer la estructura agraria del país partiendo de las familias que trabajan la tierra. También le recordaron un dato contundente: “El 95 por ciento del presupuesto de Agricultura está destinado para los agronegocios, donde la Mesa de Enlace es la beneficiada. Hay que modificar ese reparto”.
El ministro prometió estudiar las propuestas.
El arma de la educación
La educación es una de las bases del Mocase. Desde espacios de formación política para adultos hasta encuentros interprovinciales donde se reflexiona sobre la historia local, provincial y nacional. Pero la educación formal era un aspecto pendiente hasta tres años, cuando inauguró la primera escuela rural en manos de una organización campesina. Se trata de la Tecnicatura en Agroecología, cuenta con títulos oficiales, educación popular como pedagogía y vincula teoría y práctica desde una mirada sociopolítica. Participan 62 chicos de diversos lugares de la provincia. Una semana de clases intensivas, mañana y tarde, teoría y práctica, y tres semanas en sus hogares, implementando en terreno todo lo aprendido. Ciencias naturales, historia, derechos sociales, comunicación comunitaria, producción agropecuaria y ecología son algunas de las materias. Viajes, alimentación, alojamiento y libros corren por cuenta de la organización. El cuerpo docente tiene la misma mixtura que el Movimiento, desde campesinos hasta docentes universitarios. El próximo objetivo, la universidad campesina, donde se buscará formar a profesionales para un modelo agrario basado en el campesinado y la soberanía alimentaria. www.ecoportal.net

Cambio climático y pobreza

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Cambio climático y pobreza

  Por Alberto D. Cimadamore y Héctor Sejenovich

En este nuevo período de cambio global, la adaptación al cambio climático requiere un enfoque integral. En tal contexto, la manera más razonable para avanzar en la construcción sostenible de la adaptación al aparentemente inevitable cambio climático sería la erradicación inmediata de la pobreza extrema, que puede lograrse dado que existen los recursos (aunque no la decisión política) a nivel internacional. Avanzar en tal dirección exige cambios sustanciales en la teoría y la práctica de la reducción de la pobreza, la estrategia de desarrollo y los pilares del orden internacional del siglo pasado.

El cambio de los órdenes mundiales ha sido históricamente fruto de guerras entre los principales poderes. El siglo XX fue testigo de las mayores conflagraciones mundiales que condujeron al actual orden político y económico internacional. La acumulación de armamento de destrucción masiva hace inimaginable la reedición de conflictos de tal magnitud que amenazarían indiscutiblemente la vida en nuestro planeta. En consecuencia, el gran desafío de este tiempo es el cambio pacífico del orden internacional, algo inédito en la historia de la humanidad.
Otro gran reto es alcanzar un modelo de desarrollo equitativo que concilie un consumo creciente de recursos naturales energético-dependientes, con el mantenimiento de una naturaleza que sea compatible con una “buena” vida. El estilo de consumo del modelo vigente no privilegia la superación del hambre y las necesidades de la población de bajos ingresos, sino la acumulación de capital y beneficios que tiende a ignorar el aumento del número de pobres, la contaminación y la degradación de recursos y el hábitat, así como también los efectos de la acción humana sobre el cambio climático. Las consecuencias observables de estos procesos cuestionan abiertamente el estilo de producción y consumo del actual modelo de desarrollo al acercarnos hacia horizontes que ponen en peligro la vida en nuestro planeta. Se hace visible así la necesidad imperiosa de emprender un desarrollo diferente, basado sobre un uso racional de los recursos naturales y sociales, que promueva una producción sustentable, un consumo equitativo y el uso de tecnologías que limiten los efectos humanos sobre la naturaleza y el clima.
El siglo XXI será testigo de cambios globales motivados por fuerzas económicas, políticas, sociales y ambientales. Sin embargo, muchos de estos temas cruciales no son registrados y tratados adecuadamente por las corrientes principales del pensamiento social, en general, y de las relaciones internacionales, en particular. La agudización de las desigualdades, la magnitud de la pobreza, sobre todo en su forma extrema, y la problemática del desarrollo sostenible y equitativo que las abarca en un contexto de cambio climático son algunas de estas cuestiones que se suman a la problemática del cambio pacífico con un enorme potencial de conflicto de nuevo tipo, que es una de las características del proceso de cambio global.
Desarrollo, pobreza y cambio climático
El cambio climático visto como un elemento constitutivo del cambio global presenta una serie de desafíos para la sociedad y la ciencia en su conjunto. Los problemas emergentes tienen el potencial de afectar a toda la sociedad, aunque con más rigor a los sectores más vulnerables. Uno de los retos principales es, entonces, cómo afrontar el cambio climático y la pobreza en forma conjunta, en el contexto de un cambio de orden internacional y de modelo de desarrollo a nivel nacional, regional y global (ejes del cambio global).
Los líderes del orden hegemónico vigente no demuestran estar a la altura que exigen las actuales circunstancias. Los resultados obtenidos hasta el presente para dar cuenta de esos temas y alcanzar los modestísimos Objetivos de Desarrollo del Milenio, las metas del Protocolo de Kyoto y la Cumbre de Copenhague, revelan tales limitaciones. Los niveles y la efectividad de la ayuda oficial para el desarrollo proveniente de los países del G-8 son indicadores que mostraron tales limitaciones a lo largo del siglo XX.
En este nuevo período de cambio global, la adaptación al cambio climático requiere un enfoque integral. En tal contexto, la manera más razonable para avanzar en la construcción sostenible de la adaptación al aparentemente inevitable cambio climático sería la erradicación inmediata de la pobreza extrema, que puede lograrse dado que existen los recursos (aunque no la decisión política) a nivel internacional. Avanzar en tal dirección exige cambios sustanciales en la teoría y la práctica de la reducción de la pobreza, la estrategia de desarrollo y los pilares del orden internacional del siglo pasado.
La forma más eficaz –y equitativa– para redefinir las relaciones entre pobreza y cambio climático es en torno al concepto de la responsabilidad del uso sostenible de los recursos en la producción y el consumo social. No obstante, el rasgo dominante de las estrategias propuestas por las burocracias de las agencias de ayuda para hacer frente a las relaciones entre cambio climático y pobreza (con excepción del enfoque de desarrollo humano) es la falta de reflexión sobre el fracaso de dichas estrategias y de los modelos de ayuda al desarrollo.
Una apropiada comprensión de las relaciones entre cambio climático, pobreza y desarrollo exige, en primer lugar, una investigación crítica de los errores, limitaciones y problemas existentes en las principales corrientes de abordaje de la pobreza y el desarrollo. La agenda global de los organismos internacionales, los países desarrollados y la disciplina de las relaciones internacionales sigue dominada por temas de mantenimiento del statu quo en lo político y en lo económico, de libre comercio, protección de la propiedad intelectual, liberalización financiera y de capital y protección de las inversiones. Pese a las teorías que sostienen la posibilidad de evolución hacia una “convergencia económica”, la evidencia empírica rechaza esos supuestos optimistas que son más consistentes con la idea del “conflicto estructural”. El estudio de los patrones actuales de consumo complementa un enfoque exclusivamente económico de la pobreza y la desigualdad. Sin duda, una de las peores consecuencias del modelo de producción y consumo dilapidador es la presión a la cual han sido sometidos los ecosistemas para satisfacer una demanda irracional de los países desarrollados y de sectores privilegiados de los países no desarrollados.
Los pobres son los más damnificados por los efectos negativos del cambio climático. En la década pasada, más de 700 mil personas perdieron la vida a raíz de desastres “naturales” y cerca del 90 por ciento de ellas eran ciudadanos de países en desarrollo. Se estima que para la década de 2020, el incremento neto de personas sometidas a riesgos relativos al agua debido al cambio climático será entre 7 y 77 millones. Para la segunda mitad del siglo, la posible reducción de disponibilidad de agua y su creciente demanda ocasionada por el aumento de la población en la región se estima que afectará a entre 60 y 150 millones de personas, según datos del Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio del 2007.

Durante las tres últimas décadas, América Latina y el Caribe (ALC) ha sido sometida a una serie de impactos climáticos originados por El Niño. Durante este período han ocurrido dos episodios particularmente intensos de ese y otros fenómenos climáticos severos entre 1982/83 y 1997/98, contribuyendo en gran medida a la ya importante vulnerabilidad de la región frente a los desastres naturales (inundaciones, sequías, derrumbes, etcétera). En los últimos años, se han reportado numerosos eventos climáticos extremos y poco habituales, tales como intensas precipitaciones en Venezuela (1999 y 2005); inundaciones en las pampas argentinas (2000 y 2002); sequía en el Amazonas (2005); tormentas de granizo sin precedentes en Bolivia (2002) y en Buenos Aires (2006); la presencia de un huracán como Katrina por primera vez en el Atlántico Sur (2004), y la temporada récord de huracanes en el Caribe (2005). La frecuencia de los desastres relacionados con condiciones climáticas se ha incrementado 2,4 veces entre los períodos 1970-1999 y 2000-2005, continuando la tendencia observada durante la década del ’90. Solamente el 19 por ciento de los eventos entre los años 2000 y 2005 ha sido económicamente cuantificado, representando pérdidas cercanas a los 20 billones de dólares, según calcularon Gustavo Nagy y otros autores.
En un reciente informe elaborado por la CEPAL para la Cumbre de Copenhague se afirma que para el año 2100, en el caso de no haber un acuerdo internacional para mitigar los efectos del cambio climático, el costo para ALC podría equivaler hasta 137 por ciento del PIB regional actual. En otros términos, la variabilidad climática y los eventos extremos harían que hacia 2100 el costo de los desastres climáticos pase de un promedio anual para el período 2000-2008 de casi 8.600 millones de dólares, a un máximo posible de 250.000 millones de dólares. Incluso, debe tenerse en cuenta que la valorización de los daños generalmente no considera las potencialidades de funcionamiento de todo el ecosistema (integrado por cada uno de sus recursos naturales). Sólo se tiene en cuenta aquellos elementos que hoy se encuentran valorizados, pero no se incluyen todas las relaciones que se destruyen y que en la mayoría de los casos no pueden recuperarse.
Estos datos sólo son indicativos de la magnitud de los fenómenos. Estudios más detallados sugieren cifras que acentúan aún más las asimetrías de los efectos. Por un lado, los niveles de subconsumo y hambre de la población y, especialmente, la gran distancia entre las expectativas y las realidades enfrentadas generan el desarrollo de tácticas de subsistencia y de economía social, pero también de acciones de violencia. Por el otro, el consumo ostentoso y destructor de los sectores más pudientes lleva a la producción de niveles crecientes de basura, desperdicios y contaminación.
Al mismo tiempo, una parte importante de los recursos naturales se comporta como capital de especulación, generando rentas que se acumulan a partir de su compra-venta, incluso en mercados a futuro. Los recursos no se utilizan en beneficio de la comunidad, ni se usa lo obtenido por su extracción o empleo para generar alternativas de fuentes de riqueza cuando los recursos –específicamente, los no renovables– se agoten. De tal manera, hoy conviven formas destructivas del ambiente y el hábitat conjuntamente con un gran desaprovechamiento de las potencialidades de los recursos naturales y las fuentes energéticas. Todo ello sucede en el marco de sistemas altamente frágiles y vulnerables a los eventos provocados por el cambio climático.
El carácter sistémico de los problemas requiere la articulación de alternativas que tengan por objetivo combatir la pobreza mediante la implementación de soluciones estructurales. Lograr la superación de la pobreza con equidad en América latina en particular, conduce a repensar la relación sociedad-naturaleza de modo de encontrar alternativas que protejan a los sectores más vulnerables, a la vez que se difunda el uso de nuevas tecnologías y estilos de consumo. Claro que esto implica generar una base política que permita superar la no sustentabilidad del modelo actual. La conjunción de cambio climático y global genera tensiones, a la vez que acelera los tiempos.
Existen diferentes visiones acerca del manejo de la naturaleza en la sociedad del siglo XXI y probablemente la que prime estará vinculada a la transición del orden internacional. Un abordaje de la problemática se realiza desde una perspectiva de “dominio y control” a través de la geo-ingeniería (que impulsaría el Club de Roma y muchas empresas transnacionales). Tal criterio de intervención se centra en el uso de tecnologías gigantistas con reducido control de los efectos colaterales que pueden producir. Un ejemplo es la intervención (fracasada) que intentó incrementar la captación de carbono por parte de las algas marinas. El ensayo realizado en una superficie del océano de 300 kilómetros cuadrados no tuvo los efectos buscados y será imposible conocer los efectos indirectos del mismo. Otras soluciones apuntarían a volver más laxos los controles de los créditos de los bonos verdes a plantaciones forestales monoespecíficas. Se ha demostrado que, según los suelos, estas plantaciones pueden no incrementar la captación y conservación del carbono.
La tendencia de “gestión de ecosistemas” promovida por el sistema de Naciones Unidas y agencias de asistencia y crédito coexiste, además, con una nueva tendencia impulsada por el pensamiento ambiental que tiene como fundamento el uso integral y sustentable de los ecosistemas. Este uso podría desarrollar gran parte de la “oferta ecosistémica” consistente en la generación de materia prima (recursos naturales) utilizable en la actividad económica de forma sustentable. Esto supone mayor investigación y el manejo de cada recurso a un ritmo que asegure su capacidad de regeneración, de dilución y de la posibilidad de un uso integral. Tal perspectiva posibilitaría el mayor uso de las potencialidades hoy desaprovechadas de muchos recursos, así como de la difusión de las tecnologías adecuadas a estos fines.
El cambio climático exige una lucha en varios frentes. Uno de ellos es la concientización de la población y de los tomadores de decisiones sobre los alcances globales del problema, aunque clarificando que la principal responsabilidad la tienen quienes han causado (y causan) los impactos, esto es, los “emisores”. Este proceso es condición necesaria para afrontar el cambio tecnológico reclamado y la adaptación al cambio climático, con el objetivo de minimizar los aspectos negativos y utilizar los pocos impactos positivos que eventualmente se verifiquen.
Los cambios que deberían estar obligados a realizar los países desarrollados han encontrado una fuerte reacción de los grandes monopolios que se verían perjudicados. Autores como Naomi Oreskes y Erik Conway han descubierto que existe una vasta acción sobre los medios científicos académicos y de opinión para minimizar la responsabilidad de los emisores en el cambio climático aduciendo que se trata de variabilidad cíclica cuyos efectos no se pueden estudiar. Tal posición apunta a dilatar las acciones requeridas para neutralizar las causas del cambio, diluyendo al mismo tiempo la responsabilidad de los emisores.
El uso de tecnologías de menor emisión y la prevención global son un imperativo actual. La falta de una acción eficaz torna los efectos del cambio climático aún más graves y la irreversibilidad aparece como una probabilidad cierta. Ya no parecen efectivos los remedios parciales y está claro que los cambios estructurales deben apuntar a los patrones de producción y consumo. Esto implica cambios sustanciales en la distribución del ingreso, en el manejo de los recursos y en la búsqueda de un desarrollo equitativo y sustentable que se transforme en el pilar del cambio del orden mundial que se dará en el siglo XXI.
Conclusiones para mejorar el planeta
El agotamiento del actual modelo inequitativo de desarrollo en el contexto de cambio climático genera un cambio de tal magnitud que induce, inevitablemente, a conflictos de variada intensidad y distintos niveles de violencia. Seguramente no serán las guerras entre las principales potencias como en el pasado.
El desafío de nuestro tiempo es administrar los conflictos de nuevo tipo en un mundo global integrado por Estados con diferentes intereses y posiciones. El estímulo para conciliar tales intereses es generar las bases para mejorar la calidad de vida del planeta.
El cambio climático acelera los tiempos de tránsito hacia el cambio de orden internacional y el modelo de desarrollo que lo sustenta. El cambio global está en marcha, hay que pensar estratégicamente las consecuencias que esto tiene para el país y la región, pues siempre hay mejores y peores políticas para enfrentarlo. www.ecoportal.net

Medio Ambiente y Ecología

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Glaciares - Análisis Comparativo de Proyectos y oposicion a la ley Filmus

  Por Enrique Matías Viale

Este es un análisis comparativo de los proyectos de ley, Filmus Vs. Bonasso (M. Maffei) sobre protección de glaciares. Las asambleas que reúnen a los habitantes de las comunidades afectadas por la mega minería a cielo abierto con compuestos tóxicos, rechazan el proyecto de ley Filmus por tratarse de un fraude institucional al servicio de intereses corporativos transnacionales. La ley Filmus mantiene duplicidades legales para futuro arbitrio de la autoridad de aplicación de la misma.

Aclaraciones preliminares
Por “proyecto Bonasso” (B) debe entenderse el proyecto del diputado Miguel Bonasso, con dictamen de mayoría de la “Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano” de la HCDN, y que es una copia textual de la ley vetada, autoría de la diputada mandato cumplido Marta Maffei.
Por “proyecto Filmus” (F) debe entenderse el proyecto impulsado por el Senador Nacional Daniel Filmus que obtuvo media sanción del Senado Nacional.
Se analizará comparativamente -artículo por artículo- transcribiendo en primer lugar el proyecto Bonasso -identificado con (B)-, luego el proyecto Filmus -identificado con una (F) y en cursiva- y, posteriormente, nuestro comentario.
- Análisis comparativo:
(Bonasso) Artículo 1° – Objeto.
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
(Filmus) Artículo 1° – Objeto.
La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y las actividades industriales, como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la generación de energía hidroeléctrica; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.
Los glaciares constituyen bienes de carácter público y su dominio corresponde a las provincias o al Estado nacional, según el lugar en que se ubiquen.
Comentario
El proyecto Filmus incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las “actividades industriales”. De esta manera, a diferencia del proyecto Bonasso, establece implícitamente que "sirven y son necesarios" para la actividad industrial. Con esto, entre otras cosas, las mineras podrán captar nieve de los glaciares y convertirla en agua: no lo dice la ley, pero lo pueden hacer si la autoridad de aplicación provincial considera que el glaciar “no sufre impacto”.
En cuanto al agregado del último párrafo en el proyecto Filmus, si bien es correcta, los glaciares ya son de dominio público en virtud del artículo 2340 del Código Civil que establece:
“Quedan comprendidos entre los bienes públicos:
(…) inciso 3° Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a la reglamentación; (…)”
(B) Art. 2° – Definición.
A los efectos de la presente ley, se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.
(F) Art. 2° – Definiciones.
A los efectos de la presente ley, la protección se extiende, dentro del ambiente glacial, a los glaciares descubiertos y cubiertos; y dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros; cuerpos que cumplen uno o más de los servicios ambientales y sociales establecidos en el artículo 1°.
Se entiende por:
a) Glaciares descubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne expuestos, formados por la recristalización de la nieve, cualquiera sea su forma y dimensión;
b) Glaciares cubiertos: aquellos cuerpos de hielo perenne que poseen una cobertura detrítica o sedimentaria;
c) Glaciares de escombros: aquellos cuerpos de detrito congelado y hielo, cuyo origen está relacionado con los procesos criogénicos asociados con suelo permanentemente congelado y con hielo subterráneo, o con el hielo proveniente de glaciares descubiertos y cubiertos.
Son parte constituyente del ambiente glacial y periglacial protegido, además del hielo, el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua.
Comentario
En este artículo, el proyecto Filmus al eliminar la definición de "ambiente periglacial", achica notablemente el bien jurídico tutelado por la ley. Es decir, ya no se encuentra alcanzado por las disposiciones y prohibiciones de la norma "el área de alta montaña con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico" (que protege el proyecto Bonasso, dejando esta importante y vital superficie virtualmente sin protección y a merced de las corporaciones mineras. El proyecto Filmus sólo protege “dentro del ambiente periglacial, a los glaciares de escombros”, a diferencia del proyecto Bonasso que protege todo el ambiente periglacial, incluso los glaciares de escombros. Es fácil, si es “dentro” es menos que el todo. En otras, palabras todo aquello que es ambiente periglaciar, pero no es glaciar de escombro, que es una amplia zona, el proyecto de Filmus lo desprotege deliberadamente.
En definitiva, el área que deja sin protección el proyecto Filmus es justamente la zona donde las megamineras pretenden operar: ya sea estableciendo allí sus emprendimientos o para la utilización de sus recursos hídricos para los millones de litros diarios que necesitan en sus tareas extractivas.
Por último, las normas no son sólo para ser entendidas por los especialistas: la deliberada complejidad terminológica del proyecto Filmus, a diferencia de la ley vetada cuyas definiciones eran sencillas, terminará operando a favor de los que pretendan intervenir sobre los mismos.
(B) Art. 3º – Inventario.
Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
(F) Art. 3º – Inventario.
Créase el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.
Comentario
Al achicarse el bien jurídico tutelado o el ámbito de aplicación de la ley (ver Comentario art. 2º) se reduce también el área de intervención de Inventario Nacional de Glaciares.
(B) Art. 4º – Información registrada.
El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación.
(F) Art. 4º – Información registrada.
El Inventario Nacional de Glaciares deberá contener la información de los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombros, por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica. Este inventario deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco (5) años, verificando los cambios en superficie de los glaciares, su estado de avance o retroceso y otros factores que sean relevantes para su conservación y prevención de riesgos.
Al efectuarse la tarea de inventario de glaciares y ambiente periglacial se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Comentario
El proyecto Filmus, al achicar en el artículo 2º el bien jurídico tutelado (ver comentario al art. 2º), reduce también el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares, que, además, es quien determina donde regirán las prohibiciones y limitaciones establecidas en la ley.
Por otro lado, el agregado del último párrafo del proyecto Filmus, se encuentra en el artículo 5º del proyecto Bonasso.
(B) Art. 5º – El inventario y monitoreo del estado de los glaciares será realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley.
Se dará intervención al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas pendientes de demarcación del límite internacional previo al registro del inventario.
(F) Art. 5º – Realización del inventario.
El Inventario Nacional de Glaciares será realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la autoridad nacional de aplicación de la presente ley y con otras instituciones nacionales y provinciales competentes.
Comentraio
El proyecto de Filmus agrega arteramente que el Inventario Nacional de Glaciares será realizado en coordinación con las “instituciones (…) provinciales competentes”. De esta manera, a diferencia del proyecto Bonasso, introduce a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares. En base a éste último se establecerán las áreas donde regirán las prohibiciones y reglamentaciones de la norma. En definitiva, el Inventario es quien determinará el ámbito de aplicación de la ley. De nada serviría esta ley para proteger los glaciares y el ambiente periglacial si el Inventario se distorsiona con las presiones provinciales en la determinación de la metodología y en la delimitación del área de acción del Inventario. Repetimos éste va a determinar los cuerpos y las áreas protegidos y alcanzados por la norma. Si se “olvida” de inventariar un glaciar o una zona periglacial (o parte de ella), estos quedan desprotegidos por la norma, fuera de su alcance o ámbito de aplicación, y a merced de las corporaciones mineras.
(B) Art. 6º – Actividades prohibidas.
En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo;
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
(F) Art. 6º – Actividades prohibidas. Se prohíben las actividades que puedan afectar la condición natural de los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°, o sus funciones señaladas en el artículo 1°, las que impliquen su destrucción o traslado; o las que interfieran en su avance.

Se prohíben, en particular, en los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°, las siguientes actividades:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Comentario
Al achicar el bien jurídico tutelado establecido en el artículo 2º (ver comentario), también se reduce el alcance de las prohibiciones establecidas en este artículo.
(B) Art. 7º – Todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentren prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente. Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o terrestres;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
(F) Art. 7º – Evaluación de impacto ambiental. Todas las actividades proyectadas en los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°, que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a su escala de intervención, en el que deberá garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del Ambiente– en forma previa a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes, con eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y deportes no motorizados que no perturben el ambiente.
Comentario
El proyecto Filmus elimina solapadamente la obligación de realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental. Este tipo de evaluación (estratégica) agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse. Es decir, analiza las relaciones de diversos proyectos entre si, entre ellos y sus contextos sistémicos (estructurales y/o funcionales).
Esto toma especial relevancia si tenemos en cuenta que Pascua-Lama y Veladero forman parte del mismo distrito aurífero, o que Agua Rica se encuentra a tan sólo 34 kms. de La Alumbrera, comprenderemos la importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica y el por qué de la omisión deliberada del proyecto Filmus.
Con esta “omisión”, el proyecto Filmus reduce el estudio a un enfoque individual que ignora intereses regionales, de otras provincias o de la Nación, justo como pretenden los gobernadores como el de San Juan.
(B) Art. 8º – Autoridad competente.
A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción.
(F) Art. 8º – Autoridades competentes.
A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
En el Sector Antártico Argentino será autoridad competente la Dirección Nacional del Antártico.
Comentario
La incorporación de Filmus es intrascendente y sin valor alguno, atento que la jurisdicción en los Parques Nacionales es de la Administración de Parques Nacionales, lo mismo en el Sector Antártico Argentino que es de la Dirección Nacional del Antártico.
(B) Art. 9º – Autoridad de aplicación.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
(F) Art. 9º – Autoridad nacional de aplicación.
Será autoridad nacional de aplicación de la presente ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
(B) Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA);
b) Realizar y mantener actualizado el Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley.
(F) Art. 10. – Funciones.
Serán funciones de la autoridad nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del ambiente periglacial, en forma coordinada con las autoridades competentes de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y con los ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares, tanto en la órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del Inventario Nacional de Glaciares, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales en los programas de monitoreo, fiscalización y protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a la investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del Inventario Nacional de Glaciares y sus actualizaciones en las comunicaciones nacionales destinadas a informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Comentario
El agregado del inciso h) del proyecto Filmus sobre Cambio Climático no es trascendente atento que el gobierno nacional ya tiene la obligación de hacerlo.
(B) Art. 11. – Infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes sanciones, conforme a las normas de procedimiento administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse al infractor.
(F) Art. 11. – Infracciones y sanciones.
Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran corresponder, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones. La suspensión de la actividad podrá ser de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
(B) Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
(F) Art. 12. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que, dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado por otra infracción de causa ambiental.
(B) Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
(F) Art. 13. – Responsabilidad solidaria.
Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
(B) Art. 14. – El importe percibido por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinará preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.
(F) Art. 14. – Destino de los importes percibidos.
Los importes percibidos por las autoridades competentes, en concepto de multas, se destinarán, prioritariamente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las jurisdicciones.
(B) Art. 15. – Disposición transitoria.
Las actividades descritas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. En caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
(F) Art. 15. – Disposición transitoria.
En un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6°, se consideren prioritarias.
Al efecto, las autoridades competentes deberán proveerle toda la información pertinente que el citado instituto le requiera.
Las autoridades competentes deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la culminación del inventario de la jurisdicción provincial, someter a las actividades mencionadas, a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales generados sobre los cuerpos protegidos definidos en el artículo 2°.
El costo de la auditoría correrá por cuenta de los titulares responsables de las actividades. Los resultados de la auditoría deberán presentarse a las autoridades competentes. En caso de verificarse impactos significativos, dichas autoridades ordenarán las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la presente ley.
Comentario
No resulta casual la confusa redacción del artículo 15° del proyecto Filmus que se transforma en la llave para continuar desarrollando libremente la actividad minera, actualmente en ejecución, sobre lo que la propia ley expresamente prohíbe. El proyecto Filmus establece que la Auditoria Ambiental sobre los emprendimientos actualmente funcionando se realice "en un plazo máximo de 180 días a partir de la culminación del inventario de cada jurisdicción..." La diferencia con el proyecto Bonasso es sustancial, atento que aquí el plazo de 180 días para realizar la Auditoria Ambiental empieza a correr a partir de la sanción de la ley. Con la redacción del proyecto Filmus, la Auditoria Ambiental es facultativa de cada provincia, la que realizará el Inventario de Glaciares que la propia norma establece, pero sin plazos determinados para dicha labor. Es decir, que si una jurisdicción omite o retrasa realizar el Inventario de Glaciares tampoco se realizará la Auditoria Ambiental sobre los proyectos actualmente en ejecución. En suma, de convertirse en ley este proyecto terminaría de legitimar a los presentes emprendimientos mineros que afectan a glaciares y a ambientes periglaciares, justo a la medida de Pascua-Lama.
Esta problemática de la ausencia de aplicación de normas nacionales por cuestiones atribuibles a las provincias no es una hipótesis descabellada. Recordemos que, a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007 la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, se siguen desmontando miles de hectáreas porque las provincias no han realizado el “Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en sus territorios” que ordenaba expresamente dicha norma nacional.
(B) Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
(F) Art. 16. – Sector Antártico Argentino. En el Sector Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.
Comentario final
En resumen, el proyecto Filmus:
- Achica deliberada y notablemente el alcance de la norma y el bien jurídico tutelado.
- Reduce las zonas donde van a regir las prohibiciones de la ley.
- Reduce el área de acción, estudio e intervención del Inventario Nacional de Glaciares.
- Incorpora como Servicio Ambiental de los glaciares y del ambiente periglacial la reserva de recursos hídricos para las “actividades industriales”.
- Elimina la obligación de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica.
- Incorpora a las autoridades provinciales en la confección del Inventario Nacional de Glaciares.
- No establece plazos determinados para la realización de las Auditorias Ambientales sobre los emprendimientos actualmente en ejecución. www.ecoportal.net
Enrique Matías Viale - Presidente - Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas - www.AAdeAA.org.ar
Nota: Razones de nuestra absoluta oposición a la ley Filmus
Este es un análisis comparativo de los proyectos de ley, Filmus Vs. Bonasso (M. Maffei) sobre protección de glaciares. Como es sabido, la ley de protección de glaciares fue vetada por la presidente de la nación. Un nuevo proyecto de ley a instancias del Poder Ejecutivo, es presentado en el Congreso Nacional por el senador oficialista Daniel Filmus. La ley vetada (Maffei) es ahora impulsada por el diputado Miguel Bonasso con acuerdo de gran parte de los bloques opositores.
Las asambleas que reúnen a los habitantes de las comunidades afectadas por la mega minería a cielo abierto con compuestos tóxicos, rechazan el proyecto de ley Filmus por tratarse de un fraude institucional al servicio de intereses corporativos transnacionales. La ley Filmus mantiene duplicidades legales para futuro arbitrio de la autoridad de aplicación de la misma.
He aquí las conclusiones y el por qué de nuestra absoluta oposición.

Javier Rodríguez Pardo

Origen de las Guerras

El origen de las guerras

Por Fidel Castro Ruz

La nueva doctrina nuclear de EE.UU. es un elemento de su nueva estrategia de seguridad. EE.UU. aumenta su presupuesto militar, da rienda suelta a la OTAN como gendarme global, y planifica ejercicios en una situación real en Irán para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato. Al mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares. En esencia, Obama pretende engañar al mundo hablando de una humanidad libre de armas nucleares, que serían sustituidas por otras sumamente destructivas, más idóneas para aterrorizar a los que dirigen a los Estados y lograr la nueva estrategia de impunidad total.

Afirmé el 4 de julio que ni Estados Unidos cedería, ni tampoco Irán; “una, por el orgullo de los poderosos, y otra, por la resistencia al yugo y la capacidad para combatir, como ha ocurrido tantas veces en la historia…”
En casi todas las guerras una de las partes desea evitarla, y a veces, las dos. En esta ocasión se produciría, aunque una de las partes no lo desea, como sucedió en las dos guerras mundiales en 1914 y 1939, con solo 25 años de distancia entre el primer estallido y el segundo.
Las matanzas fueron espantosas, no se habrían desatado sin errores previos de cálculos. Las dos defendían intereses imperialistas, y creían que obtendrían sus objetivos sin el costo terrible que implicó.
En el caso que nos ocupa; una de ellas defiende intereses nacionales, absolutamente justos. La otra, persigue propósitos bastardos y groseros intereses materiales.
Si se analizan todas las guerras que han tenido lugar a partir de la historia conocida de nuestra especie, una de ellas ha buscado esos objetivos.
Son absolutamente vanas las ilusiones de que, en esta ocasión, tales objetivos se alcanzarán sin la más terrible de todas las guerras.
En uno de los mejores artículos publicados por el sitio Web Global Research, el jueves 1º de julio, suscrito por Rick Rozoff, este emplea abundantes elementos de juicio que son inapelables sobre los propósitos de Estados Unidos, que toda persona bien informada debe conocer.
“…Se puede vencer si un adversario sabe que es vulnerable a un ataque instantáneo e indetectable, abrumador y devastador, sin la posibilidad de defenderse o de tomar represalias.”, es lo que piensa Estados Unidos según el autor.
…Un país que aspira a seguir siendo el único Estado en la historia que ejerce la dominación militar de espectro completo en la tierra, en el aire, en los mares y en el espacio”.
“Que mantiene y extiende bases militares y tropas, grupos de batalla de portaaviones y bombarderos estratégicos sobre y en casi cada latitud y longitud. Que lo hace con un presupuesto de guerra récord posterior a la Segunda Guerra Mundial de 708.000 millones de dólares para el próximo año”...
Fue “…el primer país que desarrolló y utilizó armas atómicas…”
"…EE.UU. conserva 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 2.200 (según algunos cálculos 3.500) más almacenadas y una tríada de vehículos de lanzamiento terrestres, aéreos y submarinos”.
“El arsenal no nuclear utilizado para neutralizar y destruir las defensas aéreas y estratégicas, potencialmente todas las fuerzas militares importantes de otras naciones, consistirá en misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos adaptados a lanzamiento desde submarinos, misiles crucero y bombarderos hipersónicos, y bombarderos estratégicos “super-stealth” capaces de evitar la detección por radar y así evitar las defensas basadas en tierra y aire.”
Rozoff enumera las abundantes conferencias de prensa, reuniones y declaraciones en los últimos meses de los jefes del Estado Mayor Conjunto y los altos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos.
Explica los compromisos con la OTAN, y la cooperación reforzada con los socios del Oriente Próximo, léase en primer lugar a Israel. Dice que: “EE.UU. también intensifica los programas de guerra espacial y cibernética con el potencial de paralizar los sistemas de vigilancia y comando militar, control, comunicaciones, informáticos y de inteligencia de otras naciones, llevándolas a la indefensión en todos los ámbitos, fuera del táctico más básico”.
Habla de la firma en Praga, el 8 de abril de este año, del nuevo Tratado START entre Rusia y Estados Unidos, que “‘…no contiene ninguna restricción sobre el potencial actual o planificado de ataque global inmediato convencional de EE.UU’”.
Refiere numerosas noticias en torno al tema, y grafica con un ejemplo anonadante los propósitos de Estados Unidos.
Señala que “…'El Departamento de Defensa explora actualmente toda la gama de tecnologías y sistemas para una capacidad de Ataque Global Inmediato Convencional que podría ofrecer al presidente opciones más verosímiles y técnicamente adecuadas para encarar amenazas nuevas y en desarrollo’”.
Sostengo el criterio de que ningún presidente, ni siquiera el más experto jefe militar, tendría un minuto para saber lo que debe hacerse si no estuviera ya programado en computadoras.
Rozoff, imperturbable, relata lo que afirma Global Security Network en un análisis titulado: “‘Coste de ensayar un misil estadounidense de ataque global podría llegar a 500 millones de dólares’” de Elaine Grossman.
“‘El gobierno de Obama ha solicitado 239.900 millones de dólares para investigación y desarrollo de ataque global inmediato por parte de los servicios militares en el año fiscal 2011… Si los niveles de financiamiento se mantienen como han sido anticipados en los próximos años, el Pentágono habrá gastado unos 2.000 millones de dólares en ataque global inmediato para fines del año fiscal 2015, según documentos presupuestarios presentados el mes pasado al Congreso’”.
“Un escenario horripilante comparable de los efectos de un ataque de PGS, éste de la versión basada en el mar, apareció hace tres años en Popular Mechanics:
“‘En el Pacífico, emerge un submarino nuclear de la clase Ohio, listo para la orden de lanzamiento del presidente. Cuando llega la orden, el submarino dispara hacia el cielo un misil Trident II de 65 toneladas. Dentro de 2 minutos, el misil vuela a más de 22.000 kilómetros por hora. Por sobre los océanos y fuera de la atmósfera acelera durante miles de kilómetros.
“‘En la cúspide de su parábola, en el espacio, las cuatro ojivas del Trident se separan y comienzan su descenso hacia el planeta.
“‘Volando a 21.000 km/h, las ojivas van repletas de barras de tungsteno con el doble de la resistencia del acero.

“‘Sobre el objetivo, las ojivas detonan, haciendo llover sobre el área miles de barras - cada una con 12 veces la fuerza destructora de una bala de calibre 50. Todo lo que se encuentra dentro de 279 metros cuadrados de esa vertiginosa tormenta metálica es aniquilado.’”
De inmediato Rozoff explica la declaración el 7 de abril del presente año del jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas rusas, general Leonid Ivashov en una columna titulada “‘La sorpresa nuclear de Obama’”.
En el mismo hace referencia al discurso del Presidente de Estados Unidos el pasado año en Praga con las siguientes palabras: “‘La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría’- y su firma del acuerdo START II en la misma ciudad el 8 de abril, el autor dijo:
“‘No se puede descubrir en la historia de EE.UU. durante el siglo pasado un solo ejemplo de servicio sacrificatorio de las elites estadounidenses para la humanidad o para los pueblos de otros países. ¿Sería realista esperar que la llegada de un presidente afro-estadounidense a la Casa Blanca cambie la filosofía política del país, orientada tradicionalmente a lograr la dominación global? Los que creen que algo semejante sea posible deberían tratar de comprender por qué EE.UU. -el país con un presupuesto militar mayor que los de todos los demás países del mundo en su conjunto- sigue gastando enormes sumas de dinero en preparativos para la guerra’”.
“…’El concepto de Ataque Global Inmediato prevé un ataque concentrado utilizando varios miles de armas convencionales de precisión en 2 a 4 horas que destruiría las infraestructuras críticas del país objetivo y así lo obligaría a capitular’”.
“‘El concepto del Ataque Global Inmediato tiene el propósito de asegurar el monopolio de EE.UU. en el campo militar y ampliar la brecha entre ese país y el resto del mundo. En combinación con el despliegue de defensa de misiles que supuestamente debería mantener a EE.UU. inmune contra ataques de represalias de Rusia y China, la iniciativa de Ataque Global Inmediato va a convertir a Washington en un dictador global de la era moderna’”.
“‘Esencialmente, la nueva doctrina nuclear de EE.UU. es un elemento de la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. que sería descrita de modo más adecuado como la estrategia de impunidad total. EE.UU. aumenta su presupuesto militar, da rienda suelta a la OTAN como gendarme global, y planifica ejercicios en una situación real en Irán para probar la eficiencia en la práctica de la iniciativa de Ataque Global Inmediato. Al mismo tiempo, Washington habla de un mundo totalmente libre de armas nucleares’”.
En esencia, Obama pretende engañar al mundo hablando de una humanidad libre de armas nucleares, que serían sustituidas por otras sumamente destructivas, más idóneas para aterrorizar a los que dirigen a los Estados y lograr la nueva estrategia de impunidad total.
Los yankis creen que la rendición de Irán está ya próxima. Se espera que la Unión Europea informe un paquete de sanciones propias a firmar el 26 de julio.
El último encuentro del 5+1 se produjo el 2 de julio, después que el Presidente iraní Mahmud Ahmadineyad afirmara que “su país retornará a las conversaciones a fines de agosto con la participación de Brasil y Turquía”.
Un alto funcionario de la UE “advirtió que ni Brasil ni Turquía serán invitados a participar en las conversaciones, al menos no a esta altura”.
“El canciller iraní Manouchehr Mottaki, se declaraba a favor de desafiar las sanciones internacionales y continuar con el enriquecimiento de uranio”.
Desde el martes 5 de julio alegan, frente a la reiteración europea, de que promoverán medidas adicionales contra Irán, este ha respondido que hasta septiembre no negociará.
Cada día disminuyen más las posibilidades de sobrepasar el insalvable obstáculo.
Es tan evidente lo que va a ocurrir que se puede prever de forma casi exacta.
Por mi parte debo hacerme una autocrítica, cometí el error de afirmar en la Reflexión del 27 de junio que el jueves, viernes o a más tardar el sábado se desataría el conflicto. Era ya conocido que buques de guerra israelitas navegaban hacia ese objetivo junto a las fuerzas navales yankis. La orden de registro de los mercantes iraníes estaba ya dada.
No me di cuenta, sin embargo, que había un paso previo: la constancia de la negación del permiso para la inspección del mercante por parte de Irán. En el análisis del tortuoso lenguaje del Consejo de Seguridad, imponiendo sanciones contra ese país, no me percaté de ese detalle para que la orden de inspección adquiriera plena vigencia. Era lo único que faltaba.
El 8 de agosto se cumple el plazo de 60 días, dado por el Consejo de Seguridad el 9 de junio, para recibir la información sobre el cumplimiento de la Resolución.
Pero ocurría en realidad algo más lamentable. Yo trabajaba con el último material elaborado sobre el delicado tema por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y dicho documento, no contenía dos párrafos claves que eran los últimos de dicha resolución y expresan textualmente:
“Solicita que, en un plazo de 90 días, el Director General del OIEA presente a la Junta de Gobernadores del OIEA y, paralelamente, al Consejo de Seguridad, para su examen, un informe en que se indique si el Irán ha llevado a cabo la suspensión completa y sostenida de todas las actividades mencionadas en la resolución 1737 (2006), y si está aplicando todas las medidas exigidas por la Junta de Gobernadores del OIEA y cumpliendo las demás disposiciones de las resoluciones 1737, 1747, 1803 y de la presente resolución;
“Afirma que examinará las acciones del Irán a la luz del informe mencionado en el párrafo 36, que deberá presentarse en un plazo de 90 días, y que:
a) suspenderá la aplicación de las medidas siempre que el Irán suspenda todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento y el reprocesamiento, incluidas las de investigación y desarrollo, y mientras dure la suspensión, que verificará el OIEA, para permitir la celebración de negociaciones de buena fe a fin de llegar a un resultado pronto y mutuamente aceptable;
b) dejará de aplicar las medidas especificadas en los párrafos 3, 4, 5, 6, 7 y 12 de la resolución 1737, así como en los párrafos 2, 4, 5, 6 y 7 de la resolución 1747, en los párrafos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la resolución 1803 y en los párrafos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 de la presente resolución, tan pronto como determine, tras recibir el informe mencionado en el párrafo anterior, que el Irán ha cumplido cabalmente sus obligaciones en virtud de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y los requisitos de la Junta de Gobernadores del OIEA, determinación que confirmará la propia Junta; y
c) en caso de que en el informe se indique que el Irán no ha cumplido lo dispuesto en las resoluciones 1737, 1747, 1803 y en la presente resolución, adoptará, con arreglo al Artículo 41 del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, otras medidas apropiadas para persuadir al Irán de que cumpla lo dispuesto en dichas resoluciones y los requisitos del OIEA, y subraya que deberán adoptarse otras decisiones si es necesario tomar tales medidas adicionales…”
Algún compañero del Ministerio, tras el trabajo agotador de muchas horas en la máquina sacando copias de todos los documentos, se durmió. Mi afán de buscar información e intercambiar puntos de vista sobre estos delicados temas, me permitió descubrir esta omisión.
Desde mi punto de vista, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han dicho su última palabra. Dos estados poderosos con autoridad y prestigio no ejercieron su derecho a vetar la pérfida resolución de la ONU.
Era la única posibilidad de ganar tiempo para buscar alguna fórmula para salvar la paz, objetivo que les habría proporcionado mayor autoridad para seguir luchando por ella.
Hoy todo pende de un tenue hilo.
Mi propósito principal fue advertir a la opinión pública internacional de lo que estaba ocurriendo.
Lo he logrado en parte observando lo que sucedía, como dirigente político que fui durante largos años enfrentando al imperio, sus bloqueos y sus incalificables crímenes. Mas, no lo hago por venganza.
No vacilo en correr los riesgos de comprometer mi modesta autoridad moral.
Seguiré escribiendo Reflexiones sobre el tema. Serán varias más después de esta para seguir profundizando en julio y agosto, salvo que ocurra algún incidente que ponga a funcionar las mortíferas armas que hoy se apuntan unas a otras.
He disfrutado mucho los partidos finales de la Copa Mundial de Fútbol y los partidos de voleibol, donde nuestro valiente equipo marcha a la cabeza de su grupo en la Liga Mundial de ese deporte. www.ecoportal.net
Fidel Castro Ruz

Ecologia. Para tener en cuenta

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El desierto húmedo   Por Ricardo Luis Mascheroni Como por arte de magia, de magia negra diría, las empresas exportadoras de pescados están transformando a nuestros ríos y mares continentales en este tipo de geografía, donde los recursos ictícolas marchan inexorablemente a su total extinción, producto de la pesca irracional e insustentable, agravado con el uso de tecnologías y barcos factorías, cuya tasa de extracción supera holgadamente a la tasa de reproducción natural. El presente título suena casi a una contradicción, ya que una de las características distintiva del desierto es la ausencia casi absoluta de humedad. Pero más allá de ello, es sabido, que por lo general al término lo usamos en forma de adjetivo para indicar soledad, despoblamiento o ausencia de vida. Tan incorporada tenemos esta acepción, que cuando asistimos a algún paseo o lugar y no encontramos a nadie, lo primero que expresamos es: No había un alma, el lugar era un desierto!!!. Reivindicando el concepto de desierto húmedo, debo decir que los argentinos, mejor dicho un pequeño número de ellos, pero muy ávidos, con la mirada cómplice de otros pocos, y la inacción e indiferencia de muchos, se han convertido en hábiles y laboriosos constructores y hacedores (como hoy se gusta decir) de este tipo de paisajes o páramos. Como por arte de magia, de magia negra diría, las empresas exportadoras de pescados están transformando a nuestros ríos y mares continentales en este tipo de geografía, donde los recursos ictícolas marchan inexorablemente a su total extinción, producto de la pesca irracional e insustentable, agravado con el uso de tecnologías y barcos factorías, cuya tasa de extracción supera holgadamente a la tasa de reproducción natural. Si Ud. es un pescador habitual, o en su caso, de aquellos que cada tanto despuntaba el vicio a la orilla de algún río, arroyo o lago, seguramente ya está al tanto de esta lamentable realidad. Pero si nunca pescó en su vida, pero como muchos, regularmente camina en la costa, en cualquier costa y es de los que siempre se acerca a algún pescador y pregunta; “sacó algo maestro o como está el pique”, también le habrán informado que el pique desapareció junto con los peces. Nadie duda ni pone en tela de juicio la legalidad de estas actividades, pero tampoco debemos olvidar que los recursos naturales, en este caso los peces, son parte del patrimonio común de las actuales y futuras generaciones y destinados al uso, goce y aprovechamiento de todos y no sólo de un grupito de personas. La Constitución Nacional expresamente contempla esta situación en el artículo 124, cuando expresa: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Aclaro que los peces son recursos naturales y que cuando la carta magna en el artículo transcripto, habla de la provincia, no habla de su gobierno, sino del Estado, que no son la empresas, sino que somos todos. Desde distintos ámbitos, ya sea clubes de pesca, cabañeros, gente del río, organizaciones ambientales y una parte importante de la comunidad científica, se levantan voces que alertan sobre este ecocidio. Por lo que hoy por hoy, para darnos cuenta de esta situación, no hace falta ser ningún entendido, ni mucho menos valernos de largos y trabajosos evaluaciones e investigaciones de campo. No obstante esta realidad incontrastable y conocida por todos, parecería ser que, según estudios realizados por el INSTITUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA (INALI), la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL), el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET), y la SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, junto a técnicos de las Provincias de ENTRE RIOS y SANTA FE, la cosa no es tan así, a tenor de lo que se desprende textualmente de los fundamentos del decreto firmado por el Gobierno Nacional el 21-7-09, que afirma: “Que los estudios demuestran que tanto la especie sábalo (Prochilodus platensis) como sus principales acompañantes se mantienen en estado sostenible y en calidad sanitaria apta”, lo que permite que hasta el 31 de diciembre de 2010, se puedan seguir exportando: sábalo, surubí, tararira y boga. Que “se mantienen en estado sostenible y en calidad sanitaria apta”, significa en palabras sencillas y entendibles para todos, que se puede seguir pescando, total hay peces para rato. Probablemente coincidamos en que alguien no está diciendo toda la verdad, o que quienes dicen que el río se muere, son unos alarmistas irracionales, entre los que me incluyo. Casi es sospechoso o por lo menos poco claro, que Argentina sea el ÚNICO país del mundo que exporta peces de sus ríos Interiores, especies que además tienen un alto valor ambiental, deportivo y turístico. Somos unos vivos bárbaros, la tenemos más larga y nos la bancamos y qué: ¡¡¡Argentina Campeón Mundial de la exportación de pescado de río!!!, hasta el record Guinness no paramos. En los últimos años se han efectuado infinidad de propuestas e intentado a través de distintos mecanismos impedir la crónica de una muerte anunciada, pero parece ser que ninguna de las alternativas ha dado los frutos esperados en la regeneración del patrimonio común. Vedas, controles, aumento de las aberturas de las mallas y del tamaño de las piezas de las especies, subsidios y toda una serie de proyectos inimaginables se han ensayado, pero lamentablemente el poncho no aparece. Menos podemos tomar en serio los proyectos de inversión millonarios y las reiteradas ofertas de parte de los frigoríficos de establecer criaderos de peces tendientes al repoblamiento del río, los cuales en uno y otro caso nunca se han cumplido y muchos menos han sido exigidas por el Estado. Creo y espero que coincida nuevamente con mis apreciaciones, que en este tema los intereses son tremendos y las redes de complicidades están a la medida de los mismos, de otra manera no se explica que ocurran las cosas que todos vemos menos los controles oficiales. Cabe que nos preguntemos seriamente: mejoró, todo ese movimiento económico de magnitud, las condiciones y la calidad de vida de nuestros hombres del río, o sólo ha servido para el enriquecimiento de los exportadores? Cuándo el último pez sea extraído y nada quede para la subsistencia de los pescadores, toda la comunidad que no participó de los beneficios de esta actividad, deberá subsidiar a miles de desocupados todo el año? Ud. sabe bien, en este país se reparten las pérdidas y nunca las ganancias. Qué hará toda esa gente ligada al río, cuando no haya más pesca, irá a parar a las villas miserias de las grandes ciudades, transformándose en otra víctima del clientelismo político o el asistencialismo estatal? Lamentablemente tengo que admitir, que no habrá una solución ni revertiremos el problema en la medida en que no haya un compromiso de toda la comunidad en el tema, pero si estoy seguro de aquello que Don Atahualpa Yupanqui, expresaba en “El arriero”, “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas…”. www.ecoportal.net Ricardo Luis Mascheroni, Docente e Investigador U.N.L. - Argentina